Fachada del Cervantes, un trabajo de recuperación edilicia que está en sus primeras etapas Foto: LA NACION / Fernanda CorbaniEn las obras de infraestructura del Teatro Cervantes se da un extraño caso
A principios del mes pasado, el nuevo secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, presentó el plan de actualización tecnológica y recuperación edilicia del Teatro Cervantes que está a cargo de equipos españoles y argentinos. Por el lado local, el encargado de gestionar ese trabajo es el arquitecto Alberto Petrina, nuevo director nacional de Patrimonio y Museos. Petrina es, a la vez, vicepresidente primero de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Su doble responsabilidad en tamaña obra llama la atención.
En 1995, el Teatro Cervantes fue declarado Monumento Histórico Nacional. La ley 12.665 determina que cuando un edificio es declarado Monumento Histórico es la Comisión la que debe aprobar cualquier intervención que se realice en él. O sea que, en este caso, Petrina -como director nacional de Patrimonio- es el responsable de llevar adelante la obra en el Cervantes y -como integrante de la Comisión de Monumentos- es uno de los encargados de aprobar esos trabajos.
Suena raro, cierto. ¿Se tratará de un caso más de incompatibilidad de funciones? Consultado el mismo Petrina, el funcionario sostiene que casos como el suyo suceden con todos los miembros de la Comisión. "Lamentablemente es así porque los cargos de la Comisión son de carácter honorario y ninguno de nosotros vivimos del aire", apunta.
Y sin repetir y sin soplar enumera situaciones parecidas que afectan a otros miembros de esa comisión que entran, ¿o entrarían?, en cortocircuito con sus responsabilidades como funcionarios públicos o como legisladores.
De todos modos, Petrina, quien a lo largo de su extensa carrera ha ocupado diversos cargos en la función pública, hace especial hincapié en que todas las decisiones de la Comisión Nacional de Monumentos son tomadas en plenario. Justamente la decisión del conjunto es la que, debería interpretarse, sirve para atenuar posibles cruces de intereses.
Durante el diálogo con LA NACION, el especialista profundiza el tema: "Hace poco fui invitado a formar parte del jurado para el diseño del nuevo telón del Teatro Colón. En función de mi rol en la Comisión, pensé que lo mejor era no aceptar. Pero las diputadas Inés Urdapilleta y Teresa Anchorena [miembros de la Comisión de Cultura de la Legislatura e integrantes de la Comisión de Museos] no se excusaron". El no las juzga. A lo sumo, cuenta sus casos y asegura que desde que se creó la Comisión, en 1940, se vienen dando situaciones como la suya.
Claro que al exponer su propia postura y confrontarla con la postura contraria adoptada por otras dos integrantes de ese organismo pone en evidencia la existencia de una delicada frontera que, inevitablemente, se presta a interpretaciones.
Desde lo legal, todo aquello que la ley expresamente no prohíbe está permitido. Eso es así y lo recuerda Petrina para dejar en claro que su conducta no está por fuera de lo que indica la ley. También es cierto que en la Comisión no hay una reglamentación interna que hable de incompatibilidades de funciones. Es de imaginar que el tratarse de un trabajo no remunerado es lo que hace que el capital rol que cumple la Comisión (o capital rol que debería cumplir) tenga sus serias limitaciones. En otras palabras: si uno congrega a un grupo de notables, supongamos, intachables para cumplir un rol que el Estado considera fundamental pero no les paga, seguramente todo se deformará más allá de buenas voluntades y objetivos incuestionables.
Por lo pronto, en el caso del Teatro Cervantes (y teniendo en cuenta la experiencia del cuestionado Master Plan del Teatro Colón) es llamativo que la gestión y el control estén en manos de una misma persona, aunque, en la segunda instancia, la decisión deba ser tomada en conjunto. Innecesariamente, se tiende un manto de sospecha que podría evitarse.
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