Para qué sirve un teatro oficial

Por Diego Fischerman

Imagen: Andrés von Buch: Presidente de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. Educado en las Universidades de Yale, Purdue y Harvard Business School. Administrador de propiedades agropecuarias. Integrante de varios directorios de compañías argentinas y filiales de multinacionales en la Argentina. Presidente del 37º Coloquio de IDEA. Ex Presidente de Arte BA.

En la Alemania del Tercer Reich, la Orquesta Filarmónica de Berlín, recientemente estatizada, tocaba en las fiestas de cumpleaños del Führer. No es un buen antecedente. Y es que por encima de la posible conveniencia económica de una determinada acción, hay consideraciones morales que, en gran medida, tienen que ver con cuestiones simbólicas. De la misma manera en que a nadie debería ocurrírsele (aunque desde ya podría suceder que así fuera) que el Cabildo o la Legislatura (un bello edificio, sin duda) pudieran ser alquilados para fiestas de casamiento, el Teatro San Martín es sostenido por el Estado para que cumpla un determinado objetivo. Es decir, si tal objetivo no estuviera, no tendría sentido que fuera financiado con el dinero de los contribuyentes. Y lo que ponen en escena hechos como el de la pasada fiestita de Von Buch (que significa “del libro”, por lo que bien podría haberse publicitado como una nueva “feria del libro”, con obvios fines culturales) es ni más ni menos que la falta de claridad y definición acerca de esos objetivos.

Como en aquellos viejos rituales en que se repiten gestos cuyo significado original fue olvidado hace tiempo, el San Martín o el Colón simplemente están. Hay que usarlos. Hay que hacerlos lo más eficientes posibles. Hay que tratar de que no hagan olas y de que no produzcan remezones políticas. Pero lo que ya nadie se pregunta es para qué tienen que servir. La pregunta, en todo caso, no es irrelevante. De su respuesta se desprende, por ejemplo, si se justifica su manutención y a qué costo. La idea de tener teatros y cuerpos artísticos oficiales –también ballets, clásicos o modernos, orquestas, populares o sinfónicas y coros– responde a una cierta concepción del Estado y de la cultura. La gigantesca inversión que demandan teatros como el San Martín y, mucho más, el Colón (sus costos aumentan exponencialmente al dedicarse de manera preeminente a un arte ya anacrónico como el de la ópera decimonónica) sólo se justifica si se cree que la cultura hace mejores a los pueblos y si hay un convencimiento acerca de que el Estado tiene una responsabilidad en la puesta a disposición de la población de esos bienes culturales. Desde ya, en ese contexto un Colón pensado sólo para los abonados –que es lo más fácil, obviamente– sería también altamente inmoral. Gastar 100 millones de dólares en la refacción y unos 100 millones de pesos anuales en su manutención para un teatro pensado para la única satisfacción de 10 mil personas no tendría sentido. Ese sentido sólo aparecería en el caso de que se creyera que la ópera es –o podría llegar a ser– importante para la población en su conjunto, o de que se recrearan los usos del teatro de manera que, además de favorecer el consumo de cultura, promoviera su creación.

Los teatros oficiales son, por definición, financiados por los Estados, en tanto cumplen funciones de política cultural que esos Estados consideran fundamentales. Su existencia, en todo caso, es incompatible con la idea de eficiencia mercantil. Para una orquesta estatal, o para un teatro que el gobierno mantiene con el fin de que muestre de la mejor manera posible las obras de Shakespeare o Wesker o Pinter o Kartun, la cuestión de la eficiencia es irrelevante. Están para otra cosa. Y esa otra cosa vale una equis cantidad de dinero. Si no se la quiere pagar, porque se considera que el gasto no vale la pena, lo que debe plantearse es otra cosa. Y, sí, en ese caso se deberá afrontar el costo político. Eso no significa que no pueda recurrirse a financiamientos externos. Pero éstos jamás deberán dañar el capital simbólico. En última instancia, estos teatros son sostenidos globalmente por los pobladores de la ciudad para que hagan arte, y si la búsqueda de aportes pecuniarios no alterara esa función, la ética no estaría comprometida. El San Martín podría vender una función a una Fundación, o incluso a una empresa y hasta, con cierto cuidado en las formas, podría ofrecer las instalaciones del foyer de la sala para un cóctel, antes o después de la función. Entre eso y el festejo de un cumpleaños, con cascadas artificiales de champagne incluidas y uno de sus cuerpos artísticos haciendo de bufones del rey, hay una distancia moral insalvable. Una distancia en la que puede leerse, además, la gran pregunta que hace tiempo ya nadie se hace: para qué sirve un teatro oficial.