Un derecho relegadoSirve para hacer valer los derechos reglados en la ley 22.341, como por ejemplo el acceso gratuito al transporte público. Pero los obstáculos para que las personas con capacidades diferentes accedan a éste son muchos: principalmente, la falta de información.
En Argentina viven 2.2 millones de personas con discapacidad. Estas cifran impactan sobre 8,8 millones de habitantes, considerando el entorno familiar directo. En 1 de cada 5 hogares argentinos vive una persona con discapacidad. El 38,4% no tiene cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual. En Argentina el índice de desempleo de las personas con discapacidad alcanza el 40%. En el 43,9% de los casos la persona con discapacidad es jefe o jefa de hogar.
Estos datos, que arroja la última Encuesta Nacional de Discapacidad del año 2004 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), invitan al Estado a tomar medidas para facilitarle el camino a las personas con capacidades diferentes que viven en el país. Y un principio de normativa existe: todos los discapacitados tienen derecho a obtener su certificado para obtener beneficios como pase libre en el transporte público en todo el territorio nacional (en trenes, subtes, colectivos de la línea 1 a la 199 y micros de larga distancia), trámite relacionado con Régimen de Asignaciones Familiares (salario hijo con discapacidad); trámites en Obras Sociales (con el 100% de cobertura en el tratamiento de la discapacidad certificada), exención de impuestos y del pago de la patente de un vehículo. Sin embargo, sólo un 15% de los argentinos con capacidades diferentes tienen su certificado. ¿A qué se debe?
Falta de información
“Las personas discapacitadas no saben que existe el certificado, ya que en el país el acceso a la información para discapacitados aún es muy precario”, apuntó en diálogo con Hoy Beatriz Pellizari, directora de la Asociación Civil sin fines de lucro La Usina. Desde la asociación, se dedican a implementar campañas publicitarias que apuntan a la comunicación para revertir la percepción de la discapacidad en la sociedad.
Pellizari apuntó a que “los discapacitados no saben tampoco para qué sirve el certificado, que los habilita a prestaciones”. Además, la directora de La Usina apuntó al deficiente nivel de acceso al certificado: “No existe suficiente nivel de descentralización como para que los discapacitados obtengan de manera sencilla su certificado”, señaló, entendiendo que “en los lugares habilitados de las distintas provincias hay muy pocas juntas médicas capacitadas”.
Así, el combo formado por “pobreza, falta de acceso a la información y bajo nivel de descentralización impiden que el beneficio del certificado se extienda”, remarcó Pellizari, sin dejar de lado, también, las cuestiones culturales que existen alrededor de la obtención del certificado: “Este papel también representa, socialmente, una etiqueta que muchos no quieren obtener”, señaló. En este punto, no se tiene en cuenta que “el documento es privado y sólo te convierte en un ciudadano con derechos”.
Cuando las leyes no alcanzan
La incipiente legislación en materia de derechos para personas discapacitados no contempla, aún, una modalidad fija de recompensa económica. En este punto, desde La Usina y otras organizaciones civiles promueven diversas campañas para que la ley nacional contemple la posibilidad de que se implemente el beneficio de una pensión. “Más allá de la edad y la condición económica, cualquier discapacitado debería poder contar con un resarcimiento económico de por vida”, opinó Pellizari en este sentido, tomando como referencia la legislación implementada en países como Estados Unidos o España. “Allí -remarcó- el Estado asume su responsabilidad y el discapacitado nunca pierde ese beneficio”.
La directora de La Usina instó, además, a un monitoreo urgente de la aplicación de las leyes en vigencia para saber, hoy en día, el grado de cumplimiento de los beneficios del certificado.
Las falencias principales detectadas a la hora de obtener un certificado son paradójicas. Los organismos encargados de proveer las acreditaciones de los distintos tipos de discapacidades generalmente no cuentan con infraestructura adecuada: instan a los discapacitados a aguardar parados durante horas haciendo fila o carecen de letreros para sordos e hipoacúsicos.
Requisitos para obtener la credencial
Los discapacitados residentes de la provincia de Buenos Aires deben concurrir (él u otra persona en su lugar) al Servicio Nacional de Rehabilitación (Ramsay 2250) de 8.30 a 14, al Area de Turnos con su DNI original (excluyente) donde conste el domicilio actual; además, deberá presentarse con un certificado médico en donde conste el diagnóstico del paciente (no excluyente), con el objeto de ser asignado con el médico especialista, o bien conocer con precisión cuál es el diagnóstico a evaluar.
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